Justicia fragmentada: el desafío de integrar la jurisdicción indígena y ordinaria en el Perú a la luz del derecho internacional

La falta de coordinación entre la justicia indígena y ordinaria en el Perú genera vacíos legales, conflictos de competencia y perpetúa la desigualdad, pues mientras el Convenio 169-oit exige a los Estados garantizar la autonomía de los sistemas jurídicos indígenas, múltiples barreras impiden su implementación. En la presente investigación, bajo el enfoque doctrinario, normativo y jurisprudencial, además de entrevistas personales al doctor José Castillo Castañeda, secretario técnico de la Comisión de Justicia Intercultural de Perú, y la doctora Amelia Alva Arévalo, miembro de la Red Multidisciplinar de Pueblos Indígenas, se identificaron tres barreras: 1) barrera económica, reflejada en la pobreza estructural, que limita su capacidad para costear gastos procesales. La cidh, en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, estableció que se deben eliminar estos obstáculos por ser una negación a los derechos humanos; 2) barrera social, marcada por el formalismo procesal, los problemas lingüísticos y la desconfianza en el sistema estatal. En el expediente n.o 00889-2017, el Tribunal Constitucional Peruano declaró un “estado de cosas inconstitucional” por la falta de comunicación oficial en lenguas indígenas; 3) barrera cultural, la cual deriva de la marginación histórica y la persistencia de enfoques monoculturales, como consta en el informe Martínez Cobo.