**Simplificación de Procesos Administrativos**

La modernización del aparato estatal en el Perú ha sido un proceso en constante evolución desde los años noventa, con el objetivo de optimizar la gestión pública y reducir la carga administrativa innecesaria en los procedimientos del sector público (Basombrío, 2020). En el año 2002 con la Ley N° 27658, Marco de Modernización de la Gestión del Estado se declara al Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, estableciéndose que el proceso de modernización del Estado debe ser desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP-PCM) y el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado. La Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha liderado estos esfuerzos, desarrollando, entre otros instrumentos y herramientas, la “Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016)”, el Plan Nacional de Simplificación Administrativa[^[1]](#_ftn1) con la finalidad de garantizar procesos más eficientes y accesibles (2010-2014 y 2013-2016), la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (2013-2021 y 2023-2030), la reglamentación del sistema administrativo de la modernización de la gestión pública (DS 123-2018-PCM), la creación de plataformas de atención al ciudadano para reducir cargas administrativas (Centro MAC, MAC Express, Ventanillas Virtuales), así como una metodología para calcular el monto de los trámites de manera que los ciudadanos solo paguen el costo de los recursos públicos empleados para realizar el trámite o servicio[^[2]](#_ftn2). Además de la SGP, existen otros actores relevantes que impulsan medidas para reducir las barreras burocráticas. Es el caso del Ministerio de Economía y Finanzas que impulsa por ejemplo, con el Plan Nacional de Competitividad un entorno institucional para el desarrollo productivo, promoviendo políticas de simplificación de trámites, digitalización de servicios públicos y eliminación de permisos innecesarios o redundantes; o bien, con acciones como el reciente "shock desregulatorio" que comprende 402 medidas destinadas a eliminar barreras burocráticas, facilitar las inversiones y dinamizar la economía nacional. De igual forma, se tiene al INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) que cumple un rol clave en la reducción de barreras burocráticas en el país, principalmente a través de su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB). Este órgano actúa como un mecanismo de control y corrección frente a normas o actos administrativos que impongan requisitos excesivos, ilegales o irracionales por parte de entidades públicas. Es claro que la simplificación administrativa se ha constituido en uno de los medios fundamentales a partir de los cuales se busca alcanzar la modernización del Estado y es reconocido como tal en el sistema administrativo de modernización de la gestión pública (literal a) del numeral 7.1 del art. 7 del DS 123-2018-PCM).  Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú es uno de los países con mayor carga burocrática en la región, con un alto porcentaje de trámites que requieren múltiples interacciones (BID, 2021). Esta situación afecta tanto al sector privado como al ciudadano común, limitando el acceso ágil a los servicios públicos y aumentando los costos operativos (Luna & Ríos, 2019). En cuanto al sector privado, la carga burocrática afecta el “ciclo de vida de los negocios”[^[3]](#_ftn3) incorporando trámites innecesarios, sobre costos y tiempos de espera excesivos (por ejemplo, procesos administrativos relacionados a licencias de funcionamiento, construcción, autorizaciones e inspecciones, aduanas, resolución de contratos, entre otros), lo cual afecta la productividad y competitividad de las empresas en el país. En este contexto, analizar la simplificación de procesos administrativos se convierte en una necesidad crítica para mejorar la eficiencia del Estado y fomentar la competitividad del país (González & Pacheco, 2022). En este sentido, es relevante mencionar que actualmente el análisis de la calidad regulatoria (ACR) constituye un componente fundamental de la simplificación “administrativa, que, respecto a los procedimientos administrativos, tiene la finalidad de identificar, eliminar y/o simplificar aquellos que resultan innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no estén adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento”, tal como lo establece el Decreto Legislativo 1310 en su artículo 2, modificado por el Decreto Legislativo 1448. Asimismo, el ACR contribuye a determinar y reducir las cargas administrativas generadas a los usuarios debido a los trámites de los procedimientos administrativos. Sin embargo, la simplificación administrativa debe ir más allá e incorporar al gobierno digital, en el cual la provisión de servicios por parte del Estado garantice el acceso de la ciudadanía y el sector privado, a través de una estrategia de gobierno como plataforma de regulación, servicios digitales, interoperabilidad y datos abiertos entre organizaciones públicas y privadas; que además incluya un enfoque inclusivo y de co-creación con la población; tal y como lo concibe el Plan Nacional de Transformación Digital (Decreto Supremo 085-2023-PCM). En ese marco, esta investigación se enfocará en proponer alternativas de mejora del modelo de simplificación de procesos administrativos considerando el contexto institucional y que puedan ser aplicados de forma transversal a las distintas organizaciones, a partir de un enfoque de la demanda, considerando la identificación de las necesidades de los usuarios (ciudadanía y empresas) y aplicando un enfoque innovador a partir de la experiencia comparada. El equipo de trabajo responsable de llevar a cabo este estudio son las profesoras Cinthya Tello Zuñiga, Tracy Prieto Barragán y Cinthya Arguedas Gourzong, las cuales se complementan en atención a sus disciplinas y experiencias en los distintos campos a nivel de políticas públicas y gestión pública. El enfoque multidisciplinario del equipo permitirá abordar con diversas perspectivas las propuestas que se vayan planteando, a la vez que la ejecución de las actividades propuestas será asumido conforme al expertise y competencias de cada una [^[1]](#_ftnref1) Mediante Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM se estableció la Política Nacional de Simplificación Administrativa que fuera derogada con la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en tanto sus objetivos son recogidos en esta última. [^[2]](#_ftnref2) DS N° 064-2010-PCM proporciona los fundamentos jurídicos para la metodología, y el Anexo de la Resolución Núm. 003-2010-PCM/SGP contiene los detalles de esa metodología. [^[3]](#_ftnref3) El ciclo de vida de los negocios es el proceso que va desde su inicio hasta su final, y que incluye etapas de crecimiento, madurez y declive. Es una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas.

Plantear una estrategia con medidas transversales para la mejora de la simplificación de procesos administrativos en atención al contexto institucional, como mecanismo que contribuya al destrabe de las inversiones

1.     Contar con un breve diagnóstico de la situación de la simplificación administrativa en el Perú, considerando el enfoque aplicado y los avances a la fecha. 2.     Análisis de iniciativas multilaterales y experiencias comparadas para simplificar la apertura de negocios y reducir costos administrativos. 3.     Identificar y analizar las principales barreras normativas y operativas que obstaculizan la simplificación administrativa. 4.     Proponer alternativas a nivel normativo y operativo para mejorar la simplificación de procesos administrativos con enfoque en la demanda y considerando la experiencia comparada. 5.     Plantear una hoja de ruta de la (s) alternativa (s) sugerida(s).

Una propuesta de Hoja de Ruta para mejorar la simplificación de procesos administrativos, con un enfoque en la demanda (ciudadanía y empresas) que pueda ser implementada en el corto y mediano plazo.

1. Breve diagnóstico de la situación de la simplificación administrativa en el Perú. 2. Identificación de principales barreras normativas y operativas que obstaculizan la simplificación administrativa. 3. Identificación de alternativas de solución con su respectivo análisis.

Investigacion basica

Interdisciplinario

ADMINISTRADO

LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

• 36 — Economía pública

Ciencias sociales - Economía, Negocios - Economía | Ciencias sociales - Ciencias políticas - Administración pública

CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL