Ocupación ilegal inmobiliaria. Tratamiento en el ordenamiento jurídico español

La realidad actual, tras la situación de crisis económica y social agravada por las circunstancias generadas por la COVID-19, exige una revisión inmediata y eficaz de la regulación de las situaciones de ocupación ilegal de viviendas. Las vías pueden ser administrativas, policiales o judiciales, pero amparadas por una normativa clara y eficaz, que permita el desalojo de los inmuebles ocupados de forma inmediata tras requerirlo el poseedor legítimo, que presente título suficiente, frente al ocupante sin título alguno. Las verdaderas situaciones especialmente vulnerables, de personas en estado de necesidad y sin recursos, deben solucionarse por la Administración, con inmuebles sociales, que deberían tener disponibles para estas circunstancias.