Riesgos en América Latina por la pérdida del control del espacio público. De la privatización de la violencia a la privatización de la seguridad

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania generó preocupación entre los Estados y la comunidad internacional, no solo por el peligro que representa la invasión territorial de un Estado en contra de otro, sino también por las trágicas consecuencias humanitarias, principalmente sobre la población civil (es decir, desplazamientos, crímenes de guerra, entre otros). Un aspecto fundamental constituye el hecho de que el Estado cumple el doble rol de proveer seguridad hacia el país (seguridad nacional) y también hacia sus ciudadanos (seguridad pública). Por ello, la seguridad es considerada como una obligación jurídica que tienen los Estados y un derecho que tienen los ciudadanos. A pesar de ello, en el caso de América Latina, actualmente el principal riesgo no proviene de la amenaza de agresión armada de un Estado contra el territorio de su vecino, sino que proviene de la gradual pérdida de control del espacio público por la creciente presencia de actores no estatales, tanto nacionales como transnacionales, que tienen la intención y capacidad de emplear la violencia al interior de un Estado. Estos actores armados pueden ser personas, grupos, organizaciones y corporaciones que utilizan la fuerza o violencia para perseguir el logro de sus intereses ilegales. Cuando un Estado no controla la actuación de actores no estatales, por diversas causas, se pone en riesgo no solo la seguridad ciudadana, sino que puede constituirse en una amenaza o peligro a la propia gobernabilidad y estabilidad de los países de la región latinoamericana. Al respecto, se observa una variación de la Matriz de la violencia y la seguridad, en donde actores no estatales han logrado consolidar la privatización de la violencia. Frente a ello, la respuesta estatal ha sido limitada y, debido a la gradual pérdida del control del espacio público, hoy distintos gobiernos latinoamericanos confrontan también el riesgo de la privatización de la seguridad, con creciente inseguridad pública, en desmedro de la seguridad de los Estados y principalmente de sus ciudadanos