La manzana de la discordia: competencia por materia de responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados de informes de control

En el 2023, la Sala Plena de la Corte Suprema acordó que la competencia en materia de indemnización de daños y perjuicios derivados de informes de control sea de los juzgados civiles. El presente artículo tiene el propósito de invitar a los lectores a considerar otras alternativas sobre este asunto que pareciera ciencia consumada o sentencia firme; asimismo, ofrecerles otras perspectivas de solución, fruto de la experiencia, en las que se refuerza la idea de la competencia de la vía laboral. Como lo sostuvo Oliver Wendell Holmes Jr., en el mundo del derecho «el camino es la experiencia y no la lógica» (Holmes, 1881). A través de la presente investigación, el lector podrá encontrar distintas situaciones que en nuestra práctica pueden presentarse en los informes de control, las cuales pueden generar dudas sobre la competencia del juzgado civil en relación con la pretensión de indemnización de daños y perjuicios. El enfoque dado en el Acuerdo Plenario de 2023 de inclinarse por la jurisdicción civil y no por la laboral se expone a servir como una herramienta que generaría situaciones injustas para los involucrados. Ello es importante porque los juzgados son el último aliento de razonabilidad que pueden encontrar las personas acusadas en los informes de control. La finalidad del artículo es arrojar luces sobre aquellas situaciones que, luego del Acuerdo Plenario de 2023, aparecen como imprecisas, vagas, generales o ambiguas, y brindar argumentos que no fueron tomados en cuenta en aquella oportunidad con el propósito de aportar detalles necesarios para su cabal comprensión. Con la finalidad de lograr nuestro objetivo, partiremos de conceptos previos como la importancia constitucional de la estructura del Estado en el análisis del alcance de los informes de control, la naturaleza laboral del empleo público, el vínculo contractual de los locadores de servicio y las implicancias de la «supuesta» responsabilidad administrativa, penal o civil de los servidores públicos indicada en los informes de control.